Transparencia, un camino seguro hacia la rendición de cuentas mediante la participación ciudadana


La democracia es un régimen de gobierno que se sustenta en la representatividad ganada en las urnas por los candidatos y legitima en la confianza de la ciudadanía en los gobiernos que le sirven y a los que obliga a rendirle cuentas. También es un sistema social que pondera el bienestar colectivo como principio de la convivencia, sin menoscabo del desarrollo individual, que reconoce en el ciudadano su razón de ser y existir. La democracia se fundamenta además en principios y valores, como la equidad de oportunidades, el respeto a las diferencias, la igualdad ante la ley, el reconocimiento de las minorías y el diálogo como instrumento de solución de diferencias y construcción de acuerdos, entre otros, en ese sentido, para el funcionamiento de las instituciones de un estado democrático resulta obligatorio, jurídica, ética y políticamente, rendir cuentas en forma constante y transparente de tal manera que los ciudadanos conozcan qué se hace con los recursos públicos y qué beneficios sociales se logran con esas inversiones.



De igual forma, los ciudadanos tienen el derecho individual y colectivo a saber y conocer sobre las acciones de las instituciones públicas, o de aquellas que se benefician con los recursos públicos, para tomar distintas decisiones, validar o retirar su confianza y participar en las deliberaciones públicas sobre la competencia política, administrativa y legal de los representantes.


Si este planteamiento se hubiese hecho hace algunas décadas, cuando la democracia se enunciaba de manera abstracta en la legislación y contaba con pocos instrumentos para su operacionalización institucional pero, sobre todo, el sistema político era dominado por un partido hegemónico, tal vez podría pensarse en una especie de idealismo u utopía académica. Sin embargo, hoy, luego de tres reformas al artículo 6º. Constitucional (1977, 2007 y 2015), la promulgación de dos leyes federales sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública (2002 y 2016), y 32 leyes estatales (2004 a 2006 y 2010 a 2011) con dos reformas sucesivas (2008 y 2015), así como diversas adecuaciones legislativas a una variedad de ordenamientos políticos, administrativos, de fiscalización, civiles y penales, estos principios sintetizan lo que la jurisprudencia mexicana ha generado en los últimos años como producto de diversas iniciativas ciudadanas.

En efecto, si algo resulta relevante en el complicado proceso de transición hacia la democracia que ha vivido el país en las últimas décadas es que muchas de las reformas jurídicas a nivel federal son resultado, por un lado, de los debates y propuestas de diversos grupos ciudadanos y académicos que han insistido en distintos foros sobre la necesidad de transparentar el quehacer de las instituciones y mejorar los mecanismos de rendición de cuentas para lograr un avance democrático significativo. Por otro, a las recomendaciones de organismos internacionales, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Transparencia Internacional (TI), la Alianza por el Gobierno Abierto (AGA), que han presionando al estado mexicano en su conjunto a tomar decisiones en este ámbito, toda vez que en los indicadores México es calificado de manera sistemática en forma negativa por sus altos niveles de corrupción e impunidad, discrecionalidad en la aplicación de la ley y violación constante del Estado de Derecho.

De ahí la importancia de poner en la agenda pública y la deliberación colectiva la necesidad de evaluar de manera constante y sistemática la rendición de cuentas y la transparencia que realizan los diferentes sujetos obligados, asì como las acciones de vigilancia y supervisión de los órganos garantes para asegurar el acceso irrestricto de los ciudadanos a la información pública. De igual forma, incrementar los análisis sobre las legislaciones y páginas de transparencia de los gobiernos estatales, municipios y entidades desconcentradas, órganos autónomos, instituciones de educación superior públicas, partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales del país, a partir de metodologías pertinentes para que la sociedad conozca de manera regular el comportamiento de los sujetos que por ley deben transparentar sus acciones y decisiones al ser beneficiarios directos de los recursos públicos.

Las últimas reformas constitucionales (2015) especifican de manera sustancial que las instituciones deben superar el esquema de obligaciones limitadas y de respuesta directa a los ciudadanos para implementar un proceso de producción proactiva de datos abiertos, lo que implica desarrollar un esfuerzo mayor de transparencia mediante la organización, sistematización y difusión de información con un valor mayormente estratégico para las diferentes necesidades ciudadanas. Aspecto fundamental en este esfuerzo, es que la información expuesta en las páginas de transparencia no sea concebida por los sujetos obligados como una simple obligación jurídica, la necesidad de cubrir necesidades internas o, incluso, como un complemento de la mercadotecnia institucional. La transparencia es un principio de la representatividad política que implica cumplir con responsabilidad y compromiso sus obligaciones hacia los destinatarios directas de la información.


No obstante, cualquier reforma u ordenamiento jurídico resulta insuficiente si los ciudadanos dejan que la interpretación y ejercicio de las normas queden solamente a criterio, los intereses coyunturales o las necesidades políticas de las instituciones. En ese sentido, la transparencia -como un componente democrático de honda significación política- exige una mayor participación y deliberación ciudadana en los diferentes espacios públicos. De igual forma, conocer las tendencias objetivas del comportamiento institucional y los temas que mayor significación pueden tener para la mejora de la calidad democrática en las regiones del país. En breve se establecerá a nivel nacional el sistema nacional anticorrupción, el cual tiene como uno de sus grandes pilares el sistema nacional de transparencia. Ese mismo modelo habrá de replicarse en cada uno de los estados, por lo que los ciudadanos deberán estar muy pendientes sobre la transparencia de ese proceso que puede ser fundamental para revertir la creciente concentración del poder, la corrupción abierta y simulada, la discrecionalidad en la aplicación de la ley y la impunidad extendida. Es importante revisar la honorabilidad de los integrantes y, sobre todo, vigilar que la ciudadanía sea legítimamente representada por personas verdaderamente comprometidas con el bienestar colectivo. C&E



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