La asíntota de la legislación en la publicidad digital en México


Una conocida máxima expresa que lo que no está explícitamente prohibido, está permitido.


Meses atrás platicaba con Mario de la Rosa, director de Nación 321 sobre escenarios para las próximas elecciones y recuerdo un comentario que me llamó la atención: “De la ausencia de regulación a la sobre regulación, prefiero la ausencia de regulación,” comentó en su visita con motivo del Congreso Estrategia Electoral.


Actualmente la comunicación digital posee un código y lenguaje distintos, para algunos estudiosos, la propaganda tiene algo de violento, se impone; por el contrario, la publicidad es el terreno de la seducción, y del ingenio. Cuando pienso en la necesidad de una regulación, viene a mi mente la respuesta de un Magistrado en su conferencia sobre redes sociales en donde respondió a uno de los participantes lo siguiente: “¿Tú regularías cuántas páginas debe tener un libro?”


El dilema de esta nota no atiende a un tema de fiscalización o regulación de la cantidad de mensajes emitidos sino al contenido y calidad de los mismos, considero que no debemos limitar la libertad de expresión pero lo que acontece en nuestros tiempos me hace pensar que es tiempo de contar con una regulación en materia político electoral en redes sociales respecto al abuso de publicaciones con excesivo impacto visual, ataques con politibots, fake news y lo más reciente, el robo de información y datos personales en el caso de Facebook.

En el entorno internacional, específicamente en Estados Unidos, la tendencia en cuanto a contenidos publicitarios atiende a que el candidato es el centro de atención y el partido se ha vuelto secundario; uno de los principales modelos de comunicación en el país vecino es el infoentertainment en donde los candidatos acuden a talk shows, programas y entrevistas.


En Alemania también se da el fenómeno de “personalización” del canciller y algo similar está sucediendo en México, no solo con la adopción del infoentretenimiento, al que se han sumado la mayoría de los candidatos para llegar al público millennial y generación z, sino por el hecho de que los presidenciables en sus últimos mitin’s según datos de El Universal, han escondido los logotipos de sus partidos debido al rechazo o animadversión que les precede, a excepción de Morena por ser un partido de reciente creación. Lo anterior, aunado al incremento de la figura de candidatos independientes.


En el año 2013 se adicionó al artículo 6 de la Constitución la obligación del Estado de garantizar el acceso a las tecnologías de la información y comunicación, incluido el servicio de internet, no obstante, una mayor apertura conlleva una responsabilidad mayor no solo por parte del emisor sino del receptor para filtrar la calidad y veracidad de la información.

Un ejemplo relacionado sucede en España, en donde el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) busca convertir la Ley de Protección de Datos en una norma de garantías digitales con el fin de que las redes sociales garanticen la veracidad de sus contenidos, la ley contempla derechos en el entorno digital como el del olvido, para que los datos personales sean eliminados de las búsquedas después de cierto tiempo, además de la desconexión laboral del trabajador fuera de la jornada laboral. Si la iniciativa prospera, España sería el primer país con una ley completa para regular los derechos digitales.

En México fue aprobada la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en 2014, la cual regula todo proceso electoral pero, como señala Rubén Vázquez para Forbes México en su artículo: Redes sociales, un poder electoral con vacíos legales, “dicha ley no contenía un solo artículo o apartado que regulara la actuación de los partidos o campañas políticas en entornos digitales.”


El pasado 16 de febrero se presentó una iniciativa para expedir la Ley General de Comunicación Social y Propaganda Gubernamental, la cual pretende regular las modalidades de comunicación para lograr una equidad en las contiendas electorales, con la finalidad de que los logros realizados en la gestión, no se enfoquen en la imagen del actor o se conviertan en una estrategia partidista que los gobiernos en turno utilicen para influir en la preferencia de los votantes.


Un ejemplo de ello fue la reciente resolución del TEPJF en donde determina que Ricardo Anaya utilizó recursos del Estado para un spot en relación a un tema personal, pautando además contra “El Universal” y afectando así la libertad de expresión en el ejercicio periodístico del medio. Al respecto, la SCJN ha determinado que el 30 de abril será la fecha límite para emitir dicha ley.


Después de muchos años de omisión legislativa, la iniciativa de la Ley General de Comunicación Social y Propaganda Gubernamental, estipula que para que los medios puedan ser considerados para la difusión de actividades de gobierno, deberán estar inscritos en el Padrón Nacional de Medios de Comunicación de la Segob, que será la encargada de regular la contratación de publicidad entre los entes públicos y los medios. Durante la discusión del dictamen en los últimos días, algunos partidos como el PAN, PRD Y MC, se oponían a esta regulación respecto a la publicidad oficial, señalando que con esta nueva ley, el PRI otorga una aterradora atribución a Segob para el manejo e integración de los padrones de medios electrónicos, escritos y digitales.


El filósofo Habermas reconoce que “la esfera pública burguesa puede diluirse en el falso mundo del control de opiniones, de modo que los medios modernos sean un impedimento para la información de los ciudadanos, para su conciencia crítica y para su participación en el debate público y en la construcción de la democracia.”


No obstante, esta ley únicamente regula una de las dos vertientes, la comunicación en la gestión gubernamental más no en la etapa electoral en donde convergen libremente los mensajes de miles de candidatos y partidos políticos.


Afortunada o desafortunadamente, en relación a la política en redes sociales, en México y Latinoamérica vamos varios pasos atrás, aún no se cuenta con una legislación específica que sancione el uso y abuso en los contenidos; podemos decir que la regulación electoral en redes sociales por ahora, es una asíntota prolongada indefinidamente que trata de llegar a algún punto pero nunca lo logra, a medida que se acerca, las TIC’s la alejan más allá, pero es esa cumbre tan lejana, tan cambiante y tan alta, la que aún nos permite ser libres. C&E


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