Comunicación electoral, fintech, ciberseguridad: nuevas regulaciones



Por: Alejandra Cerecedo @AlejandraConst


Hace unos años escribí una trilogía de artículos sobre regulaciones en el ámbito digital: “Cuando las redes sociales se politizan” para Roastbrief, “La asíntota de la legislación en la publicidad digital” para C&E Campaigns & Elections y “Fiscalización electoral en internet y ciberseguridad en México” para The Mexican Times.


En relación a este tipo de columnas a las que suelo llamar «técnicas», puedo pasar algunos meses sin compartir una nueva colaboración por diversas razones: las regulaciones en materia de redes sociales avanzan lentamente, por cuestiones de tiempo o porque quiero encontrar el hilo negro, (casi siempre es esta última).


El comercio electrónico aumentó en más del 80% y con ello el fraude cibernético, Consultores de Seguridad de la Información (CSI) estiman pérdidas de hasta 16 mil millones de pesos para este 2020.

Al releer estas columnas me di cuenta que no ha habido cambios muy sustanciales respecto de los últimos años; lo que sí podemos observar es que han surgido reformas para regular a los medios digitales, en materia fiscal y en cuestión de contenidos, así como iniciativas interesantes para contar con una legislación para regular a las Fintech y para hacer frente a los principales retos de ciberseguridad que amenazan a las instituciones del Estado mexicano.


A raíz de diversos episodios relacionados con la pérdida de credibilidad por parte de sus usuarios; empresas como Facebook cambia- ron su enfoque. Si antes se privilegiaban aspectos como la libre expresión y los derechos humanos, actualmente la junta de revisión de Facebook se centra también en temas como el discurso de odio, el acoso, así como la seguridad y privacidad de las personas.


Con motivo de la elección más grande de la historia, en donde se renovarán más de 21 mil cargos de elección popular, la plataforma de Mark Zuckerberg ha implementado acciones para que los usuarios puedan obtener autorización para publicar anuncios políticos. A partir del 5 de agosto, quien desee compartir propaganda electoral deberá pasar los filtros de identificación que incluyen fotos de la credencial de elector (INE), entre otros.


De esta forma, cualquier persona podrá consultar quién es responsable por los anuncios políticos en la plataforma y el monto aproximado que se invirtió en estos. En esta era de los algoritmos opacos, lo anterior contribuye a combatir el dinero ilegal en las campañas, uno de los principales desafíos para nuestra democracia.


No solo a través de redes sociales ha fluido el dinero ilegal; derivado de la pandemia por Covid-19, el comercio electrónico aumentó en más del 80% y con ello el fraude cibernético, Consultores de Seguridad de la Información (CSI) estiman pérdidas de hasta 16 mil millones de pesos para este 2020.


Son pocos pero significativos los avances en materia de regulación digital en México; es nuestro deber luchar por que sigan existiendo medios de comunicación plurales y organizaciones de la sociedad civil que critiquen lo que no se está haciendo bien y señalen las violaciones al Estado de Derecho.

Como respuesta, se presentó en el Senado la Ley General de Ciberseguridad; una iniciativa que plantea penas de hasta 15 años de prisión para quien vulnere «infraestructura informática crítica» con el fin de atacar los ciberataques en el país, que afectan principalmente a las instituciones de gobierno y por ende a particulares, como los recientes casos de intentos de hackeo a CONDUSEF, SAT, Banxico, así como a la banca comercial.


También avanza en el sector financiero la implementación de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (Ley Fintech), que busca colocar a México a la vanguardia en el mundo, con el objetivo de brindar soluciones a empresas de tecnología financiera enfocadas en medios de pago y fondeo colectivo y acercar a más personas a los servicios financieros para no dejar a nadie atrás y a nadie fuera.


Mario Riorda en “¿Cuán democrática es la democracia?” para TEDx Cordoba, plantea 4 acciones necesarias para lograrla: revisar los protocolos, controlar la personalización, frenar todo aquello que genere una ciudadanía pasiva y poner límites a un estado estigmatizante y discriminante.


Son pocos pero significativos los avances en materia de regulación digital en México; es nuestro deber luchar por que sigan existiendo medios de comunicación plurales y organizaciones de la sociedad civil que critiquen lo que no se está haciendo bien y señalen las violaciones al Estado de Derecho. Depende de todos, tanto de profesionales de la comunicación como gobierno y sociedad, vigilar los avances y cuidar que no se pierda el rumbo. Su participación es clave para una cultura democrática digital, sigan haciendo lo suyo. C&E

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