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El primer discurso de AMLO como presidente de México, COMPLETO

Ve aquí el primer discurso de Andrés Manuel López Obrador, como Presidente de México




Diputadas y diputados. Senadoras, senadores, autoridades locales y federales. Invitadas e invitados del extranjero. Licenciado Enrique Peña Nieto, le agradezco sus atenciones. Pero, sobre todo, le reconozco el hecho de no haber intervenido, como lo hicieron otros presidentes, en las pasadas elecciones presidenciales.

Hemos padecido ya ese atropello antidemocrático y valoramos el que el presidente en funciones respete la voluntad del pueblo. Por eso, muchas gracias, licenciado Peña Nieto.

Amigas y amigos, por mandato del pueblo iniciamos hoy la cuarta transformación política de México, puede parecer pretencioso o exagerado, pero hoy no solo inicia un nuevo gobierno, hoy comienza un cambio de régimen político.

A partir de ahora se llevará a cabo una transformación pacífica y ordenada, pero al mismo tiempo profunda y radical, porque se acabará con la corrupción y con la impunidad que impiden el renacimiento de México.

Si definimos en pocas palabras las tres grandes transformaciones de nuestra historia, podríamos resumir que en la Independencia se luchó por abolir la esclavitud y alcanzar la soberanía nacional, en la reforma por el predominio del poder civil y por la restauración de la República. Y en la Revolución nuestro pueblo y sus extraordinarios dirigentes lucharon por la justicia y por la democracia.

Ahora, nosotros queremos convertir la honestidad y la fraternidad en forma de vida y de gobierno. No se trata de un asunto retórico o propagandístico, estos postulados se sustentan en la convicción de que la crisis de México se originó, no solo por el fracaso del modelo económico neoliberal aplicado en los últimos 36 años, sino también por el predominio en este periodo de la más inmunda corrupción pública y privada.

En otras palabras, como lo hemos repetido durante muchos años, nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes y de la pequeña minoría que ha lucrado con el influyentismo.

Esa es la causa principal de la desigualdad económica y social, y también de la inseguridad y de la violencia que padecemos.

En cuanto a la ineficiencia del modelo económico neoliberal, baste decir que ni siquiera en términos cuantitativos ha dado buenos resultados. Recuérdese que luego de la etapa violenta de la Revolución, desde los años treinta, hasta los setenta del siglo pasado, es decir, durante 40 años, la economía de México creció a una tasa promedio anual del 5 por ciento.

Y durante ese mismo periodo, en dos sexenios consecutivos, de 1958 a 1970, cuando fue ministro de Hacienda Antonio Ortíz Mena, la economía del país no solo creció al 6 por ciento anual sino que este avance se obtuvo sin inflación y sin incremento de la deuda pública. Por cierto, Ortíz Mena no era economista sino abogado.

Posteriormente hubo 2 gobiernos, de 1970 a 1982, en que la economía también creció a una tasa del 6 por ciento anual pero con graves desequilibrios macroeconómicos, es decir, con inflación y endeudamiento.

En cuanto a la política económica aplicada durante el periodo neoliberal, de 1983 a la fecha, ha sido la más ineficiente en la historia moderna de México. En este tiempo la economía ha crecido en 2 por ciento anual, y tanto por ello como por la tremenda concentración del ingreso en pocas manos, se ha empobrecido a la mayoría de la población hasta llevarla a buscarse la vida en la informalidad, a emigrar masivamente del territorio nacional o a tomar el camino de las conductas antisociales.

Lo digo con realismo y sin prejuicios ideológicos: la política económica neoliberal ha sido un desastre, una calamidad para la vida pública del país. Por ejemplo, la reforma energética, que nos dijeron que vendría a salvarnos solo ha significado la caída en la producción de petróleo y el aumento desmedido en los precios de las gasolinas, el gas y la electricidad.

Cuando se aprobó la reforma energética hace 4 años se afirmó que se iba a conseguir inversión extranjera a raudales, como nunca. El resultado es que apenas llegaron 760 millones de dólares de capital foráneo, lo que únicamente representa el 1.9 por ciento de la incipiente inversión pública realizada por Pemex en el mismo periodo, y apenas en 0.7 por ciento de la inversión prometida.

En los considerandos de las leyes aprobadas en ese entonces se aseguraba que en ese año íbamos a estar produciendo 3 millones de barriles diarios, y la realidad es que estamos extrayendo solo 1 millón 763 mil, 1 millón 763 mil barriles diarios. Es decir, 41 por ciento menos de lo estimado y con tendencia a la baja.

Es tan grave el daño causado al sector energético nacional durante el neoliberalismo, que no solo somos el país petrolero que más gasolinas importa en el mundo, sino que ahora ya estamos comprando petróleo crudo para abastecer a las únicas seis refinerías que apenas sobreviven, téngase en cuenta que precisamente desde hace 40 años no se construye una nueva refinería en el país.

Aquí agrego otros saldos de la política económica neoliberal o neoporfirista. De México es originario el maíz, esa planta bendita y somos la nación que más importa maíz en el mundo. Antes del neoliberalismo producíamos y éramos autosuficientes en gasolinas, diesel, gas, energía eléctrica. Ahora compramos más de la mitad de lo que consumimos de estos insumos.

En este periodo el poder adquisitivo del salario mínimo se ha deteriorado en 60 por ciento y el salario de los mexicanos es de los más bajos del planeta. Tenemos el doble de enfermos de diabetes en comparación con países de América Latina. Durante el periodo neoliberal nos convertimos en el segundo país del mundo con mayor migración. Viven y trabajan en Estados Unidos, 24 millones de mexicanos. Y por lo que hace a la violencia, estamos en los primeros lugares del mundo.

Según la última medición de Transparencia Internacional ocupamos el lugar 135 en comparación con 176 países evaluados. Ocupamos el lugar 135 en corrupción, entre 176 países evaluados y pasamos a ese sitio luego de estar en el lugar 59 en el 2000, subir al 70 en el 2006, escalar al 106 en el 2012 y llegar en 2017 a la vergonzosa posición en que nos encontramos.

Por eso insisto. El distintivo del neoliberalismo es la corrupción. Suena fuerte, pero privatización ha sido en México sinónimo de corrupción. Desgraciadamente casi siempre ha existido este mal en nuestro país, pero lo sucedido durante el periodo neoliberal no tiene precedente en estos tiempos que el sistema en su conjunto ha operado para la corrupción. El poder político y el poder económico se han alimentado y nutrido mutuamente y se ha implantado como modus operandi el robo de los bienes del pueblo y de las riquezas de la nación.

En la época de la llamada, o del llamado desarrollo estabilizador, o compartido, que va de los años 30 a los 70 del siglo pasado, los gobernantes no se atrevieron a privatizar las tierras ejidales, los bosques, las playas, los ferrocarriles, las telecomunicaciones, las minas, la industria eléctrica ni mucho menos a enajenar el petróleo, pero en estas últimas tres décadas las máximas autoridades se han dedicado, como en el Porfiriato, a concesionar el territorio y a transferir empresas y bienes públicos, e incluso funciones del Estado a particulares nacionales y extranjeros.

No se trata, como antes, de actos delictivos individuales, o de una red de complicidades para hacer negocios al amparo del gobierno. En el periodo neoliberal la corrupción se convirtió en la principal función del poder político, por eso si me piden que exprese en una frase el plan del nuevo gobierno, respondo: acabar con la corrupción y con la impunidad.

Pero al contrario de lo que pudiera suponerse, esta nueva etapa la vamos a iniciar sin perseguir a nadie porque no apostamos al circo ni a la simulación.

Queremos regenerar, de verdad, la vida pública de México. Además, siendo honestos, como lo somos, si abrimos expedientes dejaríamos de limitarnos a buscar chivos expiatorios, como se ha hecho siempre, y tendríamos que empezar con los de mero arriba, tanto del sector público como del sector privado.

No habría juzgados ni cárceles suficientes, y lo más delicado, lo más serio, meteríamos al país en una dinámica de fractura, conflicto y confrontación, y ello nos llevaría a consumir tiempo, energía y recursos que necesitamos para emprender la regeneración verdadera y radical de la vida pública de México, la construcción de una nueva patria, la reactivación económica y la pacificación del país.

Estamos ante un asunto político de Estado, y como tal debemos enfrentarlo. Mi postura al respecto la definí con toda claridad desde la campaña. Dije que no es mi fuerte la venganza, y que si bien no olvido, sí soy partidario del perdón y la indulgencia.

Además, y esto es muy importante, creo precisamente que en el terreno de la justicia se pueden castigar los errores del pasado, pero lo fundamental es evitar los delitos del porvenir.

En consecuencia, propongo al pueblo de México que pongamos un punto final a esta horrible historia y mejor empecemos de nuevo, en otras palabras, que no haya persecución a los funcionarios del pasado, y que las autoridades encargadas desahoguen en absoluta libertad...

Que las autoridades encargadas desahoguen en absoluta libertad los asuntos pendientes, por cierto, hoy se constituye una comisión de la verdad para castigar los abusos de autoridad, para atender el caso de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa.

Que se castigue a los que resulten responsables, pero que la Presidencia se abstenga de solicitar investigaciones en contra de los que han ocupado cargos públicos o se hayan dedicado a hacer negocios al amparo del poder durante el período neoliberal.

Desde mi punto de vista, en las actuales circunstancias es más severa y eficaz la condena al régimen neoliberal, dejar en claro su manifiesto fracaso y su evidente corrupción, y hacer todo lo que podamos para abolir el régimen neoliberal y someter a procesos judiciales o a juicios sumarios a sus personeros, quienes a fin de cuentas no dejan de ser menores ante la esperanza de todo un pueblo y la fortaleza de una nación como la nuestra.

Pero de cualquier manera, como en todos los asuntos de trascendencia para la vida pública del país, yo defenderé con libertad y argumentos mi postura del punto final y de pensar y trabajar hacia el porvenir, pero la ciudadanía tendrá la última palabra, porque todos estos asuntos se van a consultar a los ciudadanos.

También aclaro que si se acepta mi propuesta de mantener al margen de este asunto al Poder Ejecutivo, tal determinación se aplicará para los de antes y para los que se van, no para nosotros, quienes mantendremos en alto el ideal y la práctica de la honestidad. Empiezo por informar que hemos promovido una ley para convertir la corrupción en delito grave, que aunque parezca increíble no lo era.

Con apego a mis convicciones y en uso de mis facultades, me comprometo a no robar y a no permitir que nadie se aproveche de su cargo o posición para sustraer bienes del erario o hacer negocios al amparo del poder público.

Esto aplica para amigos, aplica para compañeros de lucha y familiares.

Dejo en claro que si mis seres queridos, mi esposa o mis hijos, cometen un delito, deberán ser juzgados como cualquier otro ciudadano. Solo respondo por mi hijo Jesús, por ser menor de edad.

En cuanto a mi persona, he promovido desde hace años la reforma al artículo 108 de la Constitución para eliminar la impunidad y los fueros de los altos funcionarios públicos, empezando por el presidente de la República, quien ahora, según la iniciativa de ley que hoy, este día, estoy enviando al Senado, podrá ser el presidente de la República juzgado como cualquier ciudadano por el delito que sea, aun estando en funciones.

Un buen juez por la casa empieza. Pondremos orden en la cúpula del poder, porque la corrupción se promueve y se practica fundamentalmente desde lo alto hacia los niveles inferiores. Es decir, vamos a limpiar al gobierno de corrupción de arriba para abajo, como se limpian las escaleras.

El otro distintivo del nuevo gobierno será la separación del poder económico del poder político. El gobierno ya no será un simple facilitador para el saqueo, como ha venido sucediendo. Ya el gobierno no va a ser un comité al servicio de una minoría rapaz. Representará a ricos y pobres, creyentes y libres pensadores, y a todas las mexicanas y mexicanos, al margen de ideologías, orientación sexual, cultura, idioma, lugar de origen, nivel educativo, o posición socioeconómica. Habrá un auténtico Estado de derecho, tal como lo resume la frase de nuestros liberales del siglo XIX, al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie.

También transitaremos hacia una verdadera democracia, se acabará la vergonzosa tradición de fraudes electorales. Las elecciones serán limpias y libres y quien utilice recursos públicos o privados para comprar votos y traficar con la pobreza de la gente o el que utilice el presupuesto para favorecer a candidatos o partidos, irá a la cárcel sin derecho a fianza.

El combate a la corrupción y la austeridad nos permitirá liberar suficientes fondos, más de lo que imaginamos, mucho más, para impulsar el desarrollo de México. Con esta fórmula sencilla de acabar con la corrupción y de llevar a la práctica la austeridad republicana, no habrá necesidad de incrementar impuestos en términos reales, y ese es un compromiso que estoy haciendo, ni aumentarán los precios de los combustibles más allá de la inflación.

Ahora resulta que los que aumentaron el precio a las gasolinas están pidiendo que baje. Hago el compromiso responsable, que pronto, muy pronto, cuando terminemos la refinería que vamos a construir en México y se rehabiliten seis refinerías, va a bajar el precio de la gasolina y de todos los combustibles.

Tampoco, que se oiga bien y que se oiga lejos, tampoco vamos a endeudar al país.

Cuando terminó el sexenio del presidente Fox la deuda pública –esto no se sabe, pero no está de más recordarlo– era de 1.7 billones. Cuando dejó el gobierno Calderón, la deuda aumentó a 5.2 billones, más de 200 por ciento. Y en esos dos sexenios fue cuando se recibió más dinero por la venta de petróleo al extranjero y todo se derrochó o se fue por el caño de la corrupción.

Ahora la deuda es de 10 billones. Nada más para pagar el servicio de esa enorme deuda tenemos que destinar del presupuesto del año próximo alrededor de 800 mil millones de pesos. Por eso, ya no va a aumentar la deuda pública. Ese es nuestro compromiso.

No gastaremos más de lo que ingrese a la hacienda pública. Se respetarán los contratos suscritos por los gobiernos anteriores, pero ya no habrá más corrupción ni influyentismo en negociaciones con empresas particulares.

Me comprometo, y soy hombre de palabra, a que las inversiones de accionistas nacionales y extranjeros estarán seguras y se crearán condiciones hasta para obtener buenos rendimientos, porque en México habrá h