Presidencialismo y Congreso Lógica de los Mecanismos rendidos



I. Introducción


Sin adentrarnos en la historia de las Constituciones en México, podemos afirmar que en las diversas Cartas Magnas se han plasmado una serie de ideales a partir de las rupturas que han supuesto las constantes crisis sociales. Se ha creído que el cambio constitucional y la positivización de ciertos principios es capaz de cambiar la realidad imperante, legitimar el sistema y dar continuidad a las funciones del Estado mexicano. En la segunda elección presidencial de 1828 participaban: Manuel Gomez Pedraza, Anastasio Bustamante y Vicente Guerrero; tras celebrarse los comicios Manuel Gómez Pedraza resultó ganador, Vicente Guerrero desconoció los resultados, denunciando un fraude electoral, llamó espurio a Gómez Pedraza, se levantó en armas y con ello impidió que éste tomara el poder. Fue entonces cuando el Congreso anuló las elecciones nombrando a Vicente Guerrero presidente. 183 años después de la elección de Vicente Guerrero, con múltiples elecciones celebradas y por lo menos tres reformas de gran calado a la Constitución en materia electoral, aún algunos actores políticos se niegan a respetar las reglas preestablecidas para el proceso electoral, al árbitro (INE) y a la autoridad jurisdiccional en la materia. Entrampados en el juego electoral no podemos dar el siguiente paso, consolidar una democracia de calidad, entre cuyas características encontremos un alto grado de rendición de cuentas por parte del agente hacia el principal, así como una disminución en el alto grado de corrupción.


En México, no sólo en la Constitución de 1917, sino también en las anteriores, la división del poder se realizó a partir de dos criterios; el clásico o vertical: Ejecutivo, Legislativo y Judicial y otro, el horizontal (inspirado en el federalismo de los Estados Unidos de América), en entidades federativas. No es sino hasta el año 2000 que la división de poderes es una realidad y el sis- tema de pesos y contrapesos previsto en la Constitución comienza a funcionar como se previó 83 años antes por el Constituyente. Durante este lapso de tiempo el presidencialismo funcionó pocas veces acotado por el Congreso y tuvo una fuerte hegemonía sobre los otros dos poderes y sobre sus relativos estatales.


En su segunda acepción, según la Real Academia Española, hegemonía se entiende como la supremacía de cualquier tipo. En México vivimos, durante el gobierno del PRI dos tipos de hegemonía, la primera de partido, la segunda de sistema, a saber, de presidencialismo. Sistema de partido y presidencialismo hegemónicos, estamos en presencia de una ecuación que determinó la realidad política, al punto de resultar nociva para la existencia de la democracia y la calidad de las instituciones del Estado mexicano.


Si bien es cierto que la caída del partido hegemónico y la alternancia política nos ayudaron a trascender a la democracia, el mantenimiento del presidencialismo ha evitado que se consolide un aparato burocrático profesional y eficiente, que tenga como base de entrada y ascenso el mérito de los sujetos. El presidencialismo hegemónico mexicano disminuye la calidad del aparato burocrático, pues ha evitado a toda costa consolidar un aparato burocrático a partir de la ejecución de filtros de selección, ingreso y ascenso de los servidores públicos a través del mérito.


II. Sistema de partido hegemónico y presidencialismo autoritario

En México contamos con leyes que crean instituciones, las cuales, a la vez, prestan servicios de toda naturaleza; tenemos también —reconocidas y por lo tanto garantizadas a través de la Constitución y las leyes secundarias— una gran cantidad de libertades fundamentales. Nuestro sistema electoral es elaborado y se ha modificado en múltiples ocasiones a efecto de que la democracia (formal) fuera una realidad después de 75 años de sistema de partido hegemónico, sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos legislativos, en México no contamos con instituciones ni servicios de calidad, las libertades son constantemente violadas por las autoridades y pobremente garantizadas por los órganos jurisdiccionales; y por si fuera poco vivimos una parca democracia que también carece de calidad. En México el plano Constitucional poco tiene que ver con la realidad.


Durante mucho tiempo los grandes problemas nacionales se atribuyeron, únicamente, al sistema de partido hegemónico que a lo largo de varias décadas dominó; sin embargo, resulta sorpresivo que a 12 años (dos sexenios) de la transición democrática y dos del regreso del PRI, no logremos que en nuestro país se presten servicios educativos o de salud de calidad, por mencionar algunos, que las libertades sean respetadas por las autoridades administrativas y garantizadas cuando no lo sean por los órganos jurisdiccionales, y que la democracia trascienda de incipiente a robusta. La fuerza que ejercen las corporaciones sindicales, monopolios comerciales, duopolios televisivos es constante y determinante tanto en la creación y modificación de leyes, como en el diseño y ejecución de las políticas públicas.


El sistema político mexicano, durante más de 70 años, tuvo lo que Giovanni Sartori denomina sistema de partido hegemónico, lo anterior debido a que, si bien es cierto, a) existían elecciones, mismas que se celebraban periódicamente y de manera pacífica, b) existían partidos políticos, los cuales contendían en dichas elecciones, pero c) siempre resultaba ganador el mismo partido político.


Engarzado con el sistema de partido hegemónico, contamos (hasta la fecha) con un presidencialismo sui generis. Para caracterizarlo tomemos como ciertas las peculiaridades que Jorge Carpizo señala del “presidencialismo mexicano”:II i) en la figura del Presidente se concentran las figuras de: Jefe de Estado; Jefe de Gobierno y de Jefe de Partido (en este caso Jefe del Partido Hegemónico), como podemos ver estas tres figuras resultaban trascendentales en el sistema político mexicano de aquel entonces; ii) el Presidente era una figura verdaderamente dominante, pero sólo por seis años, como consecuencia de esta condición podríamos decir que se ventilaban parcialmente las élites dominantes, se generaba la expectativa para otros (del mismo partido hegemónico) que quisieran llegar, y por último se respeta la regla constitucional de la no reelección consagrada en 1917, lo cual a la vez legitima al partido en el poder; iii) había sucesión presidencial, dicha sucesión se apareja de un blindaje al presidente anterior, en el sentido de frenar posibles investigaciones u acciones en contra de sus determinaciones; existencia de ambigüedad ideológica derivada de la composición sectorial del partido; a su vez el presidencialismo mexicano, y siguiendo al mismo autor, tenía otras consecuencias dentro del sistema político, particularmente sobre los otros Poderes debido a qué iv) generó un Poder Legislativo sumiso; v) neutralización de la división vertical del Estado (federalismo), el presidente gobernaba virtualmente las entidades federativas.


La mezcla de estas dos patologías del sistema político mexicano, tanto el sistema de partido hegemónico como el presidencialismo mexicano, hacían im- posible aplicar, saliendo victoriosos, el test de las seis reglas de Norberto Bobbio para determinar si un sistema es o no un sistema democrático:III 1) todos los ciudadanos que hayan alcanzado la mayoría de edad, sin distinción de raza, de religión, de condición económica o de sexo, deben disfrutar de los derechos políticos, es decir, que cada uno debe de disfrutar del derecho a expresar la propia opinión o de elegir a quien la exprese por él; 2) el voto de todos los ciudadanos debe tener igual peso; 3) todos aquellos que disfrutan de los derechos políticos deben ser libres de poder votar según la propia opinión formada lo más libremente posible, es decir, en una competencia libre entre los grupos políticos organizados en competencia entre ellos; 4) tienen que ser libres también en el sentido de que deben encontrarse en condiciones de elegir entre soluciones diversas, es decir, entre partidos que tengan programas distintos y alternativos; 5) tanto para las elecciones como para las decisiones colectivas debe valer la regla de la mayoría numérica, en el sentido de que se considere elegido al candidato o se considera válida la decisión que obtenga el mayor número de votos; 6) ninguna decisión tomada por mayoría debe limitar los derechos de la minoría, particularmente el derecho a convertirse a su vez en mayoría en igualdad de condiciones. Podemos ver que estas reglas coinciden con las que establecen otros autores, como por ejemplo Dahl, para quien deben existir algunas garantías tales como: libertad de expresión, derecho al voto, derecho a ser elegido, derecho a competir en elecciones, existencia de fuentes de información diversas, elecciones libres y justas y una vinculación entre las políticas públicas.IV


No es sino a partir de la transición democrática —¿formal?— (misma que se fraguó de 1960 a 2000 (¿2007?)V que podemos realmente preguntarnos sobre democracia, esto en virtud de que a partir del cambio de las reglas del juego electoral y la caída del partido hegemónico se pudo consolidar la democracia y comenzaron a cumplirse las reglas de Bobbio, en particular el derecho de las minorías para convertirse en mayoría y sobre todo en igualdad de condiciones (condiciones de igualdad de acceso a los medios de comunicación e igualdad de presupuesto para promoción política).


Por otro lado, es importante retomar las características del “presidencialismo mexicano” y del “sistema de partido hegemónico” debido a que en nuestros días hay resonancias de estas fallas de diseño institucional en el sistema político mexicano, sí se me permite la analogía, tal como sucede con el eco que aún podemos escuchar del momento en el cual se creó el universo con la explosión del Big Bang, también podemos escuchar, si ponemos atención, las resonancias del sistema de partido hegemónico y (las piezas que restan) del presidencialismo mexicano en la democracia mexicana y en la eficiencia del cuerpo burocrático del Estado mexicano.


En ese sentido, ¿podemos discernir sobre las consecuencias que tiene un sistema de partido hegemónico sobre la sociedad que regula?, ¿es posible saber cuáles son las consecuencias que tiene, sobre la cultura política, la existencia de un presidencialismo exacerbado como el mexicano?, es decir, ¿podemos escuchar las resonacias de estas anomalías del sistema en la calidad del aparato burocrático mexicano?


III. El presidencialismo fuerte y la burocracia, un ejemplo de las omisiones del Congreso


El fin del sistema de partido hegemónico no significó que se erradicara en su totalidad el presidencialismo autoritario, esto en virtud de que se conservan aún características de un presidencialismo fuerte, que sin el sistema de partido hegemónico resulta difícil de manejar. Si bien es cierto el presidente mexicano no es la cabeza del partido, éste continúa teniendo injerencia en la designación del mismo, para muestra de ello resulta suficiente señalar el hecho de que César Nava Vázquez, quien fuera secretario particular del presidente de 2006 a 2008 fue después presidente del Partido Acción Nacional del 8 de agosto de 2009 al 4 de diciembre de 2010. Cabe mencionar que una de las facultades del presidente del partido del Partido Acción Nacional es la de nombrar y remover al coordinador del Grupo Parlamentario del PAN tanto en la Cámara de Diputados, como en la Cámara de Senadores. Para este puesto —en el periodo de la presidencia de César Nava— se designó a Gustavo Madero, quien al término del mandato de Nava ocupó el puesto de presidente del partido y otorgó a través de designación directa escaños al Senado a la hermana del presidente, a la sobrina de éste, a su candidato presidencial —que no ganó las elecciones internas para ser precandidato a la presidencia de la República y quien fungiera como su secretario de Hacienda—, entre otros. La disciplina partidaria es toral para continuar en el juego político, lo cual provoca la falta de incentivos para los actores dentro del Congreso para actuar con independencia y así realizar lo mejor en aras de la ciudadanía.


Existen estudios comparativos sobre los poderes constitucionalesVI de los jefes del Ejecutivo en regímenes presidenciales, en los cuales se muestra que el presidente mexicano es uno de los menos poderosos de América Latina, dicha caracterización se sustenta en el hecho de que el presidente mexicano, a diferencia de los presidentes de Argentina y Chile, no cuenta con veto en paquete, veto parcial, autoridad de decreto presidencial y exclusividad para iniciar legislación, sin embargo pasan por alto 75 años de prácticas presidenciales, la concentración constitucional de las figuras de Jefe de Estado y Jefe de Gobierno en una misma persona, el gran número de designaciones a cargo del presidente y la facultad regulatoria no reglamentada.


Formalmente poderoso, en virtud de que concentra la figura de Jefe de Estado y Jefe de Gobierno, dotado de una gran capacidad de designaciones políticas, de una poco reglamenta facultad regulatoria y de una fuerte influencia en su partido, el presidente mexicano es en términos reales una figura con un poder determinante en el sistema político mexicano.


Respecto de la facultad reglamentaria del presidente mexicano, Cárdenas GraciaVII señala que la división de poderes se ve tras- tocada debido a que la Constitución otorga al Ejecutivo facultades propias de los Poderes Legislativo y Judicial sin límites normativos de la misma categoría legal.


IV. Un Congreso debilitado, una ley ignorada y la práctica presidencial de la designación


Según Peter Sloterdijk:VIII “Bismarck de- nominaba al Parlamento Prusiano de una forma realistamente despectiva ‘cuchitril de cotilleo’, pues las decisiones reales se tomaban sólo entre él y la Corona. [...]


¡Razonad tanto como queráis, pero obedeced!, con ello comienza lo que pasa a través del cuchitril de cotilleo de la época bismarquiana y desemboca en un parlamentarismo desalentado y caótico de la República de Weimar”.

Los poderes, si no absolutos, por lo menos amplísimos, que en México aún tiene el titular del Ejecutivo Federal ocasionan justamente lo que sucedió, según esta anécdota, en la República de Weimar. En México tenemos un Congreso (en sus dos Cámaras) desalentado y caótico, que versa mucho y actúa poco. El presidente sigue esperando que los senadores y diputados de su partido ayuden a que sus propuestas transiten de manera íntegra y sin debate; el presidente aspira a continuar el modelo de presidencial priista, que sin duda resulta más cómodo, menos democrático y por lo tanto más autoritario. Sin embargo, y a diferencia de México, Alemania transitó a un régimen parlamentario donde no figura un dirigente absoluto que puede trabajar por iniciativa propia e ignorando al Bundestag.

En este momento el Congreso se encuentra desvinculado de las políticas públicas en el campo de su aplicación, por esta razón le es imposible crear o modificar leyes que hagan eficiente la aplicación de las mismas. Asimismo no existe, como en el caso de Chile, una red de especialistas vinculados al trabajo del Congreso y a las necesidades de reforma que exige la realidad (Ferraro, 2008).


En el ámbito formal, las facultades del Senado de la República parecen ser muchas, sin embargo ninguna de ellas le es útil para replantar las políticas públicas en momentos de crisis, un claro ejemplo de esta situación se presentó a finales de 2011, cuando dos secretarías de Estado difundieron información sobre la sequía que aquejó a más de 22 estados del país. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación señaló, en comunicados oficiales, que en el 2011 el 40% del territorio mexicano registró el peor año de sequía en las últimas siete décadas, situación por la cual el Senado emitió di- versos puntos de acuerdo (25 en total, a partir de mayo de 2011 hasta mediados de febrero de 2012) con el objeto de exhortar al Ejecutivo Federal a efecto de que realizara diversas acciones relacionadas con la sequía, sin lograr que el Ejecutivo Federal tomará las acciones necesarias (declaratorias de estado de emergencia en las zonas afectadas, destinar y enviar recursos del Fondo de Desastres Naturales), sino hasta finales de febrero de 2012. Este es un claro ejemplo de la imposibilidad que tiene el Congreso, tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores, para cambiar una política pública cuando es evidente que el presidente está evitando enfrentar una problemática que no es tema prioritario para su agenda.


Por otro lado, las grandes reformas de México, a partir de la hegemonía del PRI y hasta 2007, se centraron en modificar las reglas electorales para que así fuera posible la transición “paulatina” a la democracia; en otras palabras, todo el empeño legislativo se centró en reformas electora- les que terminaran con la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional (esta hegemonía implicaba sólo una parte del problema del autoritarismo), pero no per- siguieron rediseñar el sistema presidencial fuerte que era la otra pieza fundamental del autoritarismo en México. En contraste al empeño de cambio electoral que hubo en México por más de 70 años, vemos que tan sólo prosperó una ley que buscaba eficientizar el aparato burocrático (Emisión de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal publicada el 10 de abril de 2003).


Si revisamos el interés que tienen los legisladores sobre la Reforma del Estado, respecto a la profesionalización y eficiecia del aparato burocrático, encontraremos datos que nos dejarán asombrados: de 2003 a 2012 se han presentado un total de 21 iniciativas que pretenden reformar o adicionar a la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, de las cuales sólo se han aprobado y publicado dos, mismas que contemplan un total de ocho artículos reformados. Es pertinente señalar que una de las iniciativas tuvo por objeto establecer excepciones para la aplicación del sistema de servicio profesional de carrera, señalando que no comprenderá al personal que preste sus servicios en la Presidencia de la República, la Secretaría de Relaciones Exteriores, los rangos de secretarios de Despacho, jefes de Departamento Administrativo, subsecretarios, oficiales mayores, jefe o titular de Unidad y cargos homólogos; los miembros de las Fuerzas Armadas, del sistema de seguridad pública y seguridad nacional, del Servicio Exterior Mexicano y asimilado a éste; personal docente de los modelos de educación preescolar, básica, media superior y superior; de las ramas médica, paramédica y grupos afines, los gabinetes de apoyo, así como aquellos que estén asimilados a un sistema legal de servicio civil de carrera; y los que presten sus servicios mediante contrato, sujetos al pago por honorarios en las dependencias; en otras pa- labras tuvo como objetivo ampliar las designaciones que realiza el Ejecutivo Federal y con ello acotar un poco el gran poder con el que cuenta la figura presidencial.


Si hacemos un comparativo en el mismo periodo (11 de abril de 2003 al 29 de febrero de 2012) podremos ver que los legisladores muestran mucho más entusiasmo al momento de intentar cambiar las reglas en materia electoral, en ese sentido el sistema de información legislativa de la Secretaría de Gobernación arrojó que en materia electoral se realizaron 620 iniciativas que buscan modificar tanto la ley secundaria como la Constitución en materia electoral. En contraste la conclusión es evidente, el presidencialismo y sus grandes capacidades de designación no son una verdadera preocupación del Congreso mexicano, por falta de conocimiento o por tenerle una inusitada animadversión al regreso de un partido hegemónico se ha puesto mayor empeño a las reformas electorales que al fortalecimiento y profesionalización del aparato burocrático.


No es necesario realizar un profundo análisis de la Constitución mexicana para concluir que nuestro régimen presidencial

resulta de los más fuertes de Latinoamérica, a pesar de estar inspirado en el régimen norteamericano; por más de 75 años vivimos bajo la idea de que era uno solo quien debía gobernar. En México resulta difícil comprender que las figuras de Jefe de Estado y Jefe de Gobierno —con las respectivas facultades que estas figuras implican— se encuentren constitucionalmente separadas.


V. Las designaciones presidenciales

Cabe destacar que a pesar de la transición democrática que vivió el país, a partir de la caída del partido hegemónico debilitado mediante el paulatino cambio de las reglas electorales desde 1977, y a pesar de los esfuerzosIX, no se logró consolidar una ley eficaz que estableciera un aparato burocrático profesional y eficiente. Tal como lo demuestra José Luis Méndez:X


Desde que se estableció el sistema de ingreso por mérito, la competencia entre candidatos ha sido evitada con frecuencia. Existe una sospecha generalizada de que los exámenes se proporcionan clandestinamente a los candidatos favoritos (ya que la vigilancia del órgano interno de control de cada secretaría ha sido más bien reducida).


Todos los ciudadanos, siendo iguales a los ojos de la ley, son igualmente admisibles a todas las dignidades, cargos y empleos públicos, según su capacidad y sin otras distinciones que las de sus virtudes y talentos.1


Esta concepción establece dos supuestos, a saber, la igualdad ante la ley y el acceso a los puestos públicos a través del mérito y no a través del favoritismo. Europa sufrió durante la monarquía lo que nosotros ahora con el presidencialismo, un aparato burocrático en el cual para ser miembro se tiene que ser de los “favoritos” del todopoderoso. Mientras que en la Francia de 1791, se establece el mérito como un requisito de selección de los miembros del aparato burocrático, en México a más de doscientos años no se logra que el mérito sea la vía de acceso de la ciudadanía a los puestos burocráticos.


El mérito, como regla de un ordenamiento jurídico, se entiende como idoneidad de una persona para ocupar un puesto (Guerrero, 2003), lo que a su vez significa preparación educativa y no escalamiento político a través de la construcción de relaciones políticas o de amistad, además del establecimiento de entramados sistemas de selección con bases legales y objetivas, alejadas en la medida de lo posible de la discrecionalidad de los integrantes del gobierno en curso.


En ese sentido la confección del aparato burocrático en México, hasta el día de hoy y a pesar de la caída del partido hegemónico, se encuentra definida de manera absoluta por el presidente en turno, y poco o nada tiene que ver con pautas normativas. Hay quienes pueden argumentar que el nivel de designaciones tiene límite en las ratificaciones que realiza el Congreso, sin embargo en ese sentido son pocos los cargos, y de muy alto nivel, que tienen que ser ratificados por el Congreso mexicano (procurador General de la República, secretario de Hacienda y algunos subsecretarios de dicha dependencia, por mencionar a algunos).


Con todo, más allá de estas sospechas, hay un dato objetivo:


la utilización excesiva e injustificada del artículo 34 de la Ley del Servicio Profesional, el cual establece excepciones al ingreso por concurso en casos de extrema necesidad [...]

En los últimos tres años del gobierno de Fox hubo 2290 nombramientos por el artículo 34 (1435 en 2004, 422 en 2005 y 433 en 2006)(Secretaría de la Función Pública, 2005: 21, 2006a: 159, 2006b: 90). En los primeros años del sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), ese número se incremento de manera importante: entre enero de 2007 y julio de 2008 se realizaron cerca de 7000 de estos nombramientos (1979 de enero a junio de 2007; 4,789 de septiembre de 2007 a julio de 2008, sumados a una cantidad desconocida de julio a agosto de 2007) (Secretaría de la Función Pública 2007: 100, 2008a:64).

Estos 7000 nombramientos sin concurso representan cerca de un quinto de los 37 000 puestos de gobierno sujetos a la ley, y aproximadamente igualan el número de servidores públicos que hasta ahora se han convertido en “servidores de carrera.



VI. Conclusiones


El ejemplo sobre la burocracia y las omisiones del Congreso es solamente indicativo, pues existen muchas otras funciones mal realizadas por el Congreso.

Para Maria Amparo CasarXI, el Poder Legislativo tiene como funciones: a) ser representativos de la población, b) elaborar las leyes,

c) actuar como contrabalance del Ejecutivo. En la idea de Casar, la separación de origen y sobrevivencia constitucional entre el Ejecutivo y el Congreso provee a éste último de una verdadera capacidad de ejecer un contrapeso a la figura presidencial. Si tomamos como cierta la aseveración de Casar, justificaremos entonces un Congreso con deficiencias institucionales.

Casar explica la ineficiencia del Congreso con base en el supuesto de la renuncia del Congreso para pasar de ser un órgano de contrabalance a ser un órgano de “aliados permanentes”:


Sin embargo, el Congreso en México ha desempeñado un papel bastante pobre en lo que a sus funciones de “hacedor de leyes” y de contrapeso del ejecutivo se refiere. Además de que ha delegado su poder en numerosas ocasiones, generalmente ha actuado como “confirmador” de toda iniciativa presidencial. La pregunta es, entonces, ¿cómo se puede reconciliar la afirmación de que el legislativo está relativamente bien dotado constitucionalmente hablando y de que no ha podido o no ha querido cumplir las tareas para las que fue creado?


La respuesta que quiero sugerir es que la abdicación que realizó el Congreso de sus funciones a favor del ejecutivo se de a que éste pudo penetrar en el papel representativo del Congreso de tal forma que hizo del interés de los legisladores actuar no como contrabalanceadores sino como aliados permanentes del ejecutivos. Puesto de manera distinta, controlando el reparto de cargos políticos y la continuidad de las carreras políticas, el ejecutivo creó las condiciones para que el Congreso renunciara a sus atribuciones.


El presidencialismo exacerbado nació entonces por una cuestión de incentivos. Estos incentivos ya no son reproducidos sólo por un partido de gran poder, sino por todos los partidos, la clase política mexicana carece de una izquierda, derecha o centros reales, y en sustitución de ella existe una clase política coludida para obtener el mayor beneficio en su favor.


La ciudadanía a través del voto delega al Congreso la autoridad para ejercer —a través de sus funciones de control— un contrabalance al Ejecutivo. Sin ninguna base legal sino siguiendo una lógica de interés político, se dieron dos fenómenos:


Durante el periodo del partido hegemónico la lógica de la alianza política entre actores en el Congreso y el incentivo de formar una carrera política hizo que el Congreso incumpliera su obligación de ejercer los debidos contrapesos al Ejecutivo. El brazo que ejercería uno de los contrabalances más importantes para moderar a la figura presidencial en el sistema permaneció sin movimiento. Tras más de 70 años de inacción es accionado por parte de los partidos políticos en la oposición con el fin de obtener beneficios, lugares, recursos, dele- go de manera el elemento de contrapeso, los actores construyen —normativa- mente hablando— bajo la lógica de que cualquiera de los partidos puede llegar al poder y aprovecharse de él. El Congreso no ha creado una estructura estatal permanente, una burocracia profesional, por el contrario, con la normatividad en materia de profesionalización se le otorgaron armas al Ejecutivo para continuar la lógica del clientelismo, el México independiente tiene un gobierno formado no por los mejores sino por los “favoritos” del presidente en curso. La propuesta en general es un mejor Congreso, que no esté secuestrado por los partidos políticos, profesional y con los incentivos suficientes para que los actores no tengan el rigor de la disciplina partidista como condición para desarrollar una carrera política, un Congreso que a través de la rendición de cuentas pueda tener la promesa de permanencia en el poder, crear una oposición responsable que finque su continuidad en el trabajo que realiza.


I Gangas, Pilar, Los partidos políticos, p. 6, consultado el 18 de febrero de 2012, 9:00am: http://campus.usal.es/~dpublico/areacp/materiales/Lospartidospoliticos.pdf

  1. II Carpizo, Jorge, El presidencialismo mexicano, México, Editorial Siglo XXI, 1978, p. 14.

  2. III Bobbio, Norberto, “Teoría generale della política” ̧ en Salazar, Pedro, La democracia Constitucional, México, Fondo de Cultura Económica, Segunda Edición, 2011, p. 32.

  3. IV Escobar, Modesto, La calidad democrática. Una propuesta para su medición por expertos, Revista Española de Investigaciones Sociológicas, Número 133, Enero-marzo 2011, p. 60.

  4. V La premisa esbozada en el libro de Becerra, Ricardo, Salazar, Pedro y Woldenberg, José, La mecánica del Cambio Político en México, México, sostiene que a partir de 1960 se llevó a cabo la transición a la democracia, derivado de fenómenos, tanto exógenos como endógenos del sistema político mexicano, tales como: globalización y pluralidad política; ejercicio de las libertades (manifestación y expresión) matanza del 68; expansión y fortalecimiento de los partidos políticos; y las seis reformas electorales el periodo de 1977-1997, a las cuales yo agregaría la reforma constitucional de 2007, con la cual se buscó que todos los partidos tu- vieran el mismo acceso a los medios de comunicación; prohibir la compra de publicada en radio y televisión, incrementar el acceso de los partidos a radio y televisión a través del tiempo del estado, reducir tiempo de campañas y fijar tiempo de celebración de precampañas, entre otras.

VI Méndez, José Luis (Comp.), Los grandes problemas de México (Colección), México, El Colegio de México, 2010, Tomo XIII Políticas Públicas, pp. 47- 50.

VII Cárdenas Gracia, Jaime, Una Constitución para la democracia. Propuestas para un nuevo orden constitucional, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2002, p. 62.

VIII Sloterdijk, Peter. Crítica de la razón cínica, Trad. Miguel Ángel Vega. España, Editorial Siruela, 2007, p. 146.

IX Se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Servicio Civil de Carrera el 10 de abril de 2003, la cual comienza a tener vigencia, debido al régimen transitorio 180 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, integración de un consejo Consultivo del Sistema

X Méndez, José Luis (Comp.), Los grandes problemas de México (Colección), México, El Colegio de México, 2010, Tomo XIII Políticas Públicas, pp. 188-190.

XI Casar, María Amparo, “Las bases político institucionales del poder presidencial en México”, en Mayer-Serra, Carlos, Nacif Hernandez, Benito, Lecturas sobre el cambio político en México, Editorial CIDE/FCE, México, 2012, p. 66.


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