Reforma electoral, cambio de sentido



Por: Alejandra Cerecedo @alejandraconst


La próxima reforma electoral debe estar enfocada a transitar hacia el voto electrónico, debemos, ya no por solo por la austeridad sino por el bien del planeta, transitar hacia lo digital.


Es caro tener una democracia, pero es mucho más caro, no tenerla. La reciente iniciativa de reforma constitucional que pretende modificar 6 artículos de la Constitución en materia de Austeridad Republicana y Austeridad Electoral, alude a los altos costos de la justicia electoral local, del financiamiento de partidos políticos, del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).


Los números plasmados en la iniciativa de reforma son bien conocidos, en 2018 la democracia nos costó alrededor de 34 mil millones de pesos, (24 mil mdp en el INE, 6 mil mdp en financiamiento a partidos políticos y 4 mil mdp en justicia electoral). Este 2019, se gastó cerca del 70% del monto anterior, es decir, alrededor de 24 mil mdp para la realización de elecciones en 6 estados del país.


Hoy se pretende la eliminación de los OPLES para que todas sus atribuciones pasen al INE, prevaleciendo la existencia de leyes electorales locales. Aquí hay dos temas estrechamente relacionados, las funciones que realizan y el costo de su permanencia, sin embargo, este cambio implicaría un gasto mucho mayor para ampliar las estructuras en los estados.


Durante los últimos meses hemos sido testigos de que las decisiones precipitadas generan consecuencias en materia económica, social, política y cultural. Una toma de decisiones generalizada afecta a la estabilidad del país. Como señaló Lorenzo Córdova en los “Foros para la Reforma Electoral del Estado”, es necesario escuchar a la academia, a quienes conocen su tema, en este caso al Consejo General, a los vocales, consejeros, magistrados locales y federales que se han dedicado a investigar y conocer las causas.


En relación a la modificación que se propone al art. 40, esta reforma busca incluir la austeridad como principio constitucional que debe regir para todos los entes públicos.


“Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica, austera y federal…” Los organismos constitucionales autónomos quedan incluidos en el art.134 bajo este principio de austeridad.

Por otra parte, el art. 41 busca garantizar el acceso efectivo de las mujeres a un cargo público, señalando la nulidad de la elección en los casos en que se cometa violencia política en razón de género.


Creo que la austeridad no debe significar eliminación, que las inconsistencias e irregularidades no deben implicar en todos los casos nulidad; la nulidad debe ser el último recurso. Hay una analogía que establece que no se trata de matar al paciente que tiene una enfermedad, o de cortarle una pierna a alguien para que esté dentro del rango solicitado; como comentaba una diputada en el Foro, se trata de fortalecer y no de desaparecer lo que funciona bien y nos ha dado confianza, certeza y alternancia.


Más allá de la disyuntiva sobre OPLES sí u OPLES no, (determinación que también afectaría a los Tribunales Electorales locales que resuelven el 70% de las controversias, ya que solo el 30% llega a la instancia Federal), creo que esta no es la reforma que se requiere.


La próxima reforma electoral debe cambiar de sentido, debe estar enfocada en transitar hacia el voto electrónico. Las plataformas ya han llevado a cabo mecanismos para incentivar la participación y actualmente se está trabajando en la implementación del voto electrónico para mexicanos en el exterior, pero se requiere otro tipo de inversión y de estructura para urnas electrónicas. Trasladar las funciones de los OPLES al INE no es la solución, implicaría más gastos, sería echarle dinero bueno al malo, en lugar de apostar por la tecnología, lo sustentable, por el futuro.


Para comprender las leyes y principios que hoy nos rigen, es necesario mirar hacia atrás, todos los avances, reformas y cuotas tienen un fundamento y un por qué, todo ha sido un esfuerzo de años, de prueba y error en donde las instituciones van como Sísifo, luchando contra el actuar de los individuos que siempre buscan los mecanismos para romper las barreras y utilizar de forma inadecuada los recursos.


Si bien nuestro sistema electoral ya ha logrado generar confianza en las instituciones, hoy los retos nos exigen frenar todo el esquema de consumismo que hemos construido y debemos, ya no por solo por la austeridad sino por el bien del planeta, transitar hacia lo digital. El presidente López Obrador ha conversado con Mark Zuckerberg para llevar internet a todos los rincones del país y, en materia de regulación electoral en redes sociales, se han establecido mecanismos de control respecto a la publicidad de anuncios y la identidad de las páginas, solo hace falta un cambio de sentido, más diálogo, más debate.


El Magistrado Felipe de la Mata Pizaña ha propuesto la Ley de Enjuiciamiento electoral, una nueva legislación en pro de la justicia abierta, la cual debe ser simple, ciudadana, modesta e incluyente, contemplando la existencia de únicamente dos juicios (juicio electoral y recurso de revisión electoral).


Esta ambiciosa reforma pretende también la implementación de juicios electorales en línea para presentar medios de impugnación y tener acceso al expediente completo, todo esto con el fin de crear un sistema de Justicia Electoral en Línea, con una Firma Electrónica Electoral (FIRELE).


Actualmente, cómo servidores públicos, es menester señalar lo que se está haciendo bien y lo que podría hacerse mejor, indicar aquello con lo que no estamos de acuerdo, del gobierno, de la administración pública o de la sociedad civil. Sin importar desde qué trinchera nos encontremos, la lucha de todos los días y la convicción de servir, son los elementos que contribuyen a formar ese andamiaje de memoria, verdad y justicia, con el que se puede gestar una verdadera transformación en materia electoral. C&E

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