¿VOTAR?, TENGO COSAS MÁS IMPORTANTES QUE HACER



Una alternativa para combatir el abstencionismo


Luis Guerrero Ferriz @LGF9


El domingo 23 de Diciembre, la ciudad de Monterrey despertó sin frío, sin nubes, sin lluvia. El sol iluminaba el emblemático Cerro de la Así que esa mañana, en plenas vacaciones, 860 mil regiomontanos inscritos en el padrón electoral estaban llamados a salir, nuevamente, para elegir a su Alcalde. Silla. Las casillas electorales comenzaron a abrir. Era un día perfecto para ir a votar. O más bien, para volver a votar. Porque la elección anterior fue anulada después de meses de un conflicto legal entre e primero y el segundo lugar. Un pleito legal que llegó al límite de los plazos establecidos por la ley. Las elecciones no podían posponerse, tenían que realizarse ya.


“¿Volver a votar?” “¿Un día antes de Navidad?” “¿Quién va a ir a votar?” “Tengo muchas cosas que hacer”, “Qué flojera”. Escuchaba ese día al caminar por las calles, en los taxis. Miraba las noticias, las redes sociales y reafirmaba lo que ya sabía: la afluencia en las casillas era muy baja. Además, teníamos lo de siempre, la intervención ilegal para influir en el resultado electoral: el acarreo masivo, las casillas que abrieron tarde porque amanecieron con cadenas para impedir la instalación de las mesas, letreros con mensajes falsos donde se señalaba que no se abriría la casilla porque no habían llegado todos los funcionarios, etcétera.



Independientemente del resultado oficial, y que fue nuevamente impugnado por el candidato que apareció en segundo lugar, lo más alarmante de ese día fue precisamente el bajísimo nivel de participación electoral: 33.04% (310,522 votantes). Hubo más gente formada en la fila para entrar a la juguetería Julio Cepeda para hacer las compras navideñas de último momento, que en las casillas para votar por su próximo Alcalde. Pero incluso días después de la elección, los regiomontanos pasaron horas formados para realizar su pago predial en la oficinas municipales. Pero, ¿la elección extraordinaria del 23 de diciembre? Todo lo contrario.


Con una investigación a profundidad y un análisis cualitativo y cuantitativo, podríamos identificar las razones precisas que llevaron al 67% de los regios a abstenerse de participar en la jornada electoral. La respuesta obvia sería la fecha tan particular en que tuvo que realizarse. Sin embargo, la elección extraordinaria de Monterrey nos permite abordar un tema, que desde el punto de vista de nuestra cultura política ciudadana, es preocupante: la baja tasa de participación electoral como uno de los síntomas de la desafección social con la vida política.


¿Por qué existe tanta apatía para acudir a ejercer algo que en sí, es un derecho? Sin duda, el rechazo a la política es un factor determinante. No es un secreto que la política contemporánea se encuentra inmersa en una de las peores crisis de su historia. Una crisis que incluso se ha expandido a los distintos niveles de gobierno, por lo que existe, además, una crisis de liderazgo, de legitimidad y de credibilidad. Los factores que han desencadenado esta crisis son diversos, pero entre los más destacados se encuentran el abuso de poder, la corrupción, las promesas incumplidas y la indiferencia de una buena parte de la clase política a los problemas cotidianos de la gente. Todos éstos han contribuido a que el elector, se desmotive y, por tanto, pierda el interés en votar; en involucrarse en la vida pública del país.


Teniendo en cuenta que el sufragio es la pieza angular de la democracia, la baja participación en los procesos electorales del país pone en riesgo las bases del sistema democrático, al disminuir la legitimidad de los candidatos electos. Por ejemplo en Monterrey, 310 mil regiomontanos decidieron por una población de más de un millón cien mil habitantes. Ante este escenario es válido preguntarse: ¿debería ser obligatorio el voto?

Lo primero que debemos entender es que el voto es un derecho, y más específicamente, es un derecho humano. Así lo dicta la Organización de las Naciones Unidas, la cual declaró en la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos en Viena, Suiza en 1993 que:

la democracia está basada en la participación de los individuos y se expresa mediante el voto; de ahí que el derecho a votar resulte relevante para el ámbito de las Naciones Unidas y en general, para la consolidación de los derechos humanos.”[1]

En México, de acuerdo al artículo 35 de la Constitución Política, los ciudadanos tienen el derecho de votar en las elecciones. De hecho, en el Artículo 7.1 de la Ley General de Procedimientos Electorales, se establece que: “votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación que se ejerce para integrar órganos del Estado de elección popular.” En este sentido, al hablar de obligación se debe destacar que ésta tiene entonces, un carácter coercitivo. Es decir, viene acompañado de una consecuencia. Sin embargo, en la praxis, esto no deriva en una penalidad jurídica.


Existen casos como Brasil y Perú donde el voto es, de hecho, obligatorio. El Dr. David Caldevilla Domínguez de la Universidad Complutense en Madrid, España lo llama Electopartidisimo.[2] El electopartidismo, ejerce una penalidad económica o de servicio comunitario a los ciudadanos que no votan. En Brasil y Perú encontramos que las tasas de participación en sus últimas elecciones fueron de de 79.6%[3] y 82.9%,[4] respectivamente. En promedio 2.5 veces la participación que se dio en Monterrey. Y También muy por encima de los países donde no existe la obligatoriedad del voto, como Estados Unidos, donde en la elección presidencial de 2016 se tuvo una participación del 55%.


No obstante, el problema de los sistemas electorales donde el voto es obligatorio, es que castigan la abstención en lugar de incentivar la participación. Por lo tanto, considero que una buena propuesta sería, más que castigar la abstención, recompensar el voto. Imaginemos que posterior a cada jornada electoral, el ciudadano reciba algún tipo de beneficio por haber acudido a votar. Desde recibir un descuento en el pago predial, del agua o de la luz, hasta recibir una compensación en la declaración anual tributaria. Pasaríamos de un Electopartidismo, a un Electoincentivismo, en el que además de contrarrestar los altos índices de abstencionismo electoral, se buscaría debilitar las prácticas como el clientelismo y el acarreo. Sin duda, considero que sería una alternativa para fortalecer el ejercicio democrático en nuestro país.



Ahora bien, ¿qué limitantes tendríamos para implementar esta opción a corto o mediano plazo en México? Primero, el hecho de que los intereses de los partidos políticos, aquellos que cuentan con una aceitada maquinaria territorial que, se moviliza el día de elección, estarían en riesgo. Segundo, la práctica primitiva, pero eficaz, de la compra de votos, genera incentivos para evitar un el voto obligatorio. Tercero el constante y creciente rechazo a la clase política, el cual puede seguir siendo determinante para tomar la decisión de salir a votar o abstenerse de hacerlo, aún con los incentivos. Por último, la pobreza extrema en la que viven más de 55 millones de mexicanos. Ellos están preocupados por saber cuál será su comida del día, no por salir a votar, aún cuando fuera obligatorio.


Los que creemos que, a pesar de la crisis en la que se encuentra, la democracia es el mejor sistema político, no debemos olvidar que el gran objetivo de cada elección es contar con una alta participación ciudadana, lo que equivale a una mayor legitimidad del proceso y del resultado. Un gobernante debe, en estricto sentido, representar a los ciudadanos, por lo que alguien que gana una elección con un porcentaje de votación del 33%, difícilmente puede jactarse de representar las necesidades de esa población.


Aquél domingo 23 de diciembre, la ciudad de Monterrey despertó sin frío, sin nubes, sin lluvia. Y de haber estado el electoincentivismo en función, quién sabe, quizá ese 33% se hubiera convertido en 83%. Quizá hoy no hablaríamos de una democracia en riesgo, sino de una fortalecida y en consecuencia, de un país más democrático.


El Salvador, Ecuador, Panamá, Guatemala, Argentina, Uruguay, Colombia y Bolivia tendrán elecciones presidenciales, legislativas y/o municipales en este 2019. Será interesante continuar analizando el comportamiento de la participación electoral de los países donde es obligatorio el voto y compararlo con aquellos donde no lo es.

[1] Franco Cuervo, Juan José. El derecho al voto, Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 2016

[2] Caldevilla Dominguez, D. (2015). “Pros y contras del voto obligatorio en la formación de la cultura política colectiva: electopartidismo”, en Perspectivas de la Comunicación, Vol 8, nº 2. pp. 171-187.

[3] Tribunal Superior Electoral de Brasil 2018

[4] Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú, abril 2016

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